Presentación Misión Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia.

3 al 12 de julio de 2021

El 28 de abril de 2021, miles de personas, en el marco del paro nacional, salieron a las calles a marchar en rechazo a la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno Nacional en medio del pico más alto de la pandemia del coronavirus.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió, la noche anterior, una medida cautelar provisional de urgencia que buscaba dejar “sin efecto los permisos concedidos” por las autoridades locales de todos los municipios de Colombia para que se llevaran a cabo las manifestaciones de protestas, dando lugar, con ello a que en varios lugares se ordenara la intervención de la policía con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), generando un escenario de confrontación en lugar de garantizar el derecho constitucional a la reunión y manifestación pública, consagrado en la Constitución Política de Colombia y la vida de quienes lo ejercen.
El uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad y la no atención oportuna del gobierno al pliego de exigencias llevó a que la movilización se prolongara en el tiempo y se sumaran otras causas sociales, deudas históricas del Estado colombiano con su ciudadanía. La respuesta estatal a este reclamo social legítimo y pacífico ha sido el aumento del despliegue de la fuerza pública, ordenando la militarización de algunos territorios, y otorgando facultades especiales al Ejército.
Si bien la protesta ha sido, pacífica, llena de expresiones artísticas y culturales, la actuación de la Fuerza Pública ha sido desproporcionada no solo como reacción a algunos bloqueos, saqueos y ataques a bienes públicos que se han presentado, sino en general a la manifestación pública dejando, a junio 2 de 2021, de acuerdo con la información producida por la Campa a Libertad Asunto de Todas, 76 homicidios, 988 heridos, 74 casos de lesiones oculares, 87 heridos por arma de fuego, 151 defensores de DDHH agredidos, 87 víctimas de violencias basadas en género, 2.395 detenidos en su mayor a de manera arbitraria, 20 allanamientos, 1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial1, y 775 desaparecidos, de los cuales no han sido encontradas 327.21¹

Priorizar las medidas de fuerza como respuesta del gobierno nacional sobre las vías del diálogo ha generado ingobernabilidad y demuestra su incapacidad para dar respuesta a las demandas de los sectores excluidos de la sociedad, a sectores juveniles organizados, a otros grupos de barriadas sin futuro, a comunidades rurales y sindicales, a grupos étnicos que exigen respeto a la Consulta Previa o sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otras demandas, que vuelven a sumarse.
Las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible y su fuerza especial ESMAD, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos.
El estallido social revela profundas desigualdades que son respondidas con medidas de fuerza nunca vistas, convirtiendo en escenarios de guerra las ciudades, decretando estados de excepción de hecho que han generado ingobernabilidad y concentración del ejercicio de poder en manos del presidente.
Ante esta situación organizaciones de derechos humanos hemos solicitado y apoyado el requerimiento de visitas in locu inmediatas a Colombia de organismos multilaterales de protección e intergubernamentales, solo se ha logrado una visita de trabajo por parte de la CIDH, ante las otras solicitadas el Gobierno Nacional ha evadido su aceptación.
Diversos organismos intergubernamentales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos², la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas³, organismos multilaterales de la Unión Europea⁴ y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han condenado la violencia y han hecho un llamado a buscar salidas a la situación a través del diálogo entre el Gobierno Nacional y los manifestantes.
Dada la importancia del papel que puede jugar la comunidad internacional como mecanismo para la verificación y visibilización de la problemática, vemos oportuno, la realización de una Misión de Verificación Internacional, realizada por sectores de la sociedad civil, que pueda conocer de primera mano la situación que padecemos en materia de derechos humanos y los efectos de la respuesta gubernamental a la protesta social legítima y legal; que a través de la formulación de propuestas y recomendaciones haga un llamado al Gobierno de Colombia, en materia de garantías, de verdad, de justicia y de generación de políticas públicas democráticas y diálogos posibles para poder avanzar en la solución de asuntos estructurales en materia social y económica.

La Misión Internacional de Verificación está conformada por organizaciones y grupos de derechos humanos de Europa y América, iglesias, académicos, juristas vinculados con temas de derechos humanos, paz, género, étnicos, periodistas independientes, entre otros, personas de diversas nacionalidades.
Objetivos

1. Recibir testimonios y conocer de primera mano situaciones de grupos y lugares de victimizaciones por parte de la fuerza pública.
2. Identificar y reconocer contextos en los que han sido reprimidos, violentados, los manifestantes, las técnicas y modos represivos, sus efectos sobre identidades culturales, sectores juveniles, barriadas, sus demandas como parte de proyectos de vida, y sus apuestas de autoprotección, verdad y justicia.
3. Identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que podrían asegurar la impunidad jurídica y social antes de la represión y después de esta, y evitar una rendición de cuentas sobre la actuación de agentes estatales y sus responsabilidades con transparencia y responsabilidad.
4. Dialogar con autoridades locales, nacionales sobre las situaciones conocidas para escuchar sus análisis e interpretación, medidas adoptadas y aplicadas de la política pública respecto a la protesta social como un derecho, los abusos de autoridad y las respuestas.
5. Presentar un informe con conclusiones y recomendaciones a partir de hallazgos fácticos jurídicos, sociológicos, psicológicos, género, económicos y sobre el manejo de la información en medios.
   

Regiones: Valle del Cauca (Cali, Buga, Yumbo, Palmira), Cauca (Popayán), Antioquia (Medellín – Caldas), Bogotá D.C. Cundinamarca (Soacha, Usme, Faca), Nariño (Pasto), Risaralda (Pereira), Atlántico, Magdalena (Barranquilla, Santa Marta), Santander (Bucaramanga, Piedecuesta).

Comité de Impulso y coordinación: • Comité de Solidaridad con presos Políticos, CSPP • Fundación Forjando Futuros • Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP • Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ • Corporación Jurídica Libertad, CJL • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz • Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas • Plataformas de DDHH: – Alianza de organizaciones Sociales y Afines – Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU – Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD